Se desestiman la demanda de acción de nulidad de los acuerdos sociales de las asambleas de 2023 y la adopción de medidas cautelares contra la directiva actual, presentadas por uno de los socios de la entidad y es condenado en costas.

El juzgado de primera instancia número 27 de Sevilla dicta sentencia a una demanda que uno de los socios del club presentó contra el Camas CF, el presidente, vicepresidente y secretario de la junta directiva. La resolución de la misma ha sido favorable a los intereses del Camas CF y los directivos demandados.

Este socio presenta en la demanda una acción de nulidad de los acuerdos sociales adoptados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 07/03/2023 y su consiguiente impugnación y subsidiariamente la acción de nulidad de la actual junta directiva dado que la Asamblea General Extraordinaria convocaba elecciones.

Igualmente solicita como Medida Cautelar la SUSPENSIÓN DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA volviendo a reintegrar en los puestos a la anterior junta como Gestora provisional.

LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

1.- Medida Cautelar. Fallo, razonamiento y conclusión.

El juzgado ha dispuesto no acceder a la solicitud de la Medida Cautelar pretendida por el demandante condenando además a las costas del juicio.

El razonamiento expuesto por el juzgado se basa en que «no concretan en cuál de las medidas cautelares encuentra refrendo su pretensión, lo que evidencia una falta de fundamento de la misma».

Analizando el primero de los requisitos para la aplicación de medidas cautelares, la acción entablada es para anular una serie de acuerdos adoptados por la asamblea en el proceso de convocatoria de elecciones a la presidencia del club por graves defectos de forma causantes de indefensión que privaron al demandante de la posibilidad de presentar su candidatura.

Pues bien, “no cabe en esta fase procesal apreciar de forma nítida y clara esa apariencia de buen derecho sin haber tenido ocasión de contrastar a fondo las explicaciones y pruebas de los demandados”.

Es indudable que dichos acuerdos se adoptaron por la asamblea de socios, por mayoría de sus miembros, con conocimiento de las instancias superiores (RFAF), por lo que al margen de la impugnación de los mismos, son acuerdos provisionalmente válidos y ejecutivos.

En el segundo de los requisitos, se considera que los motivos expuestos son generales y no demuestran un riesgo real para la subsistencia del club argumentando que la suspensión de la junta directiva podría perjudicar al club al privarle de sus órganos de gestión y generar gastos innecesarios.

Se sostiene que el demandante no sufre un daño directo por la existencia de la junta directiva actual, ya que una eventual sentencia favorable no le garantiza la presidencia del club.

Conclusión.

El análisis presentado argumenta que, en este caso concreto, no se cumplen los requisitos para considerar que existe un peligro de mora procesal que justifique la adopción de medidas cautelares.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, solicitando su desestimación y la adopción de la medida cautelar solicitada.

La Audiencia Provincial ha considerado que la falta de rigor técnico y confusión conceptual en la redacción del escrito de recurso y del suplico de la demanda son motivos suficientes para desestimar el recurso.

La Audiencia Provincial también considera que el hecho de que la parte apelante no solicite expresamente la adopción de la medida cautelar en esta Alzada es un motivo adicional para desestimar el recurso.

Por lo que la Audiencia Provincial acordó:

  • Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
  • Confirmar íntegramente la resolución recurrida.
  • Imponer las costas procesales del recurso a la parte apelante.

2.- Nulidad de acuerdos sociales.

Igualmente el juzgado ha desestimado íntegramente la demanda sobre la nulidad de acuerdos sociales, la desestimación plena de la demanda conlleva la condena en materia de costas de la parte demandante.

El demandante argumenta la impugnación de los acuerdos sociales tomados en asamblea del 7 de marzo de 2023 alegando irregularidades en el proceso electoral, incluyendo la falta de acceso a la documentación pertinente, la convocatoria adelantada de las elecciones, del Censo Electoral, manipulación del número de socios y de la delegación de votos.

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 27 ha resuelto que:

La demanda está caducada por superar el plazo de 40 días para impugnar acuerdos que adolecen de vicio de nulidad relativa o anulabilidad.

El vicepresidente estaba autorizado para actuar en ausencia del presidente, la convocatoria se realizó en tiempo oportuno dada la situación financiera del club, la cuestión de la validez de los nuevos socios es independiente de la legalidad de la convocatoria, y el censo electoral proporcionaba la información necesaria sobre los derechos de voto.

No se presentan pruebas concretas que respalden las sospechas de manipulación en el número de socios.

La objeción del demandante a la falta de información detallada en el censo electoral no es válida. El club proporcionó información suficiente para identificar a cada socio y su elegibilidad para votar. Además, el hecho de que el demandante no presentara una impugnación formal del censo dentro del plazo establecido según los estatutos del club le impide plantear esta cuestión en la presente demanda.

Las preocupaciones del demandante sobre las delegaciones múltiples de voto por un solo socio son infundadas. Los estatutos del club y la legislación española no limitan el número de delegaciones por socio. Se proporciona documentación que demuestra que el proceso de votación se registró correctamente y que todas las delegaciones estaban autorizadas por escrito.